El próximo 7 de noviembre será otro día histórico para Cuba. Nuevamente las Naciones Unidas volverán a condenar en su Asamblea General el bloqueo comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Se trata de la presentación en este órgano, por vigesimoctava ocasión consecutiva, de la resolución para poner fin al asedio más injusto aplicado a estado alguno.
Mucho ha llovido desde la última votación. Las relaciones entre ambos países se han recrudecido considerablemente. Las acciones tomadas por la anterior administración no son más que historia pasada.
Desde que ascendiera a la Casa Blanca, el magnate Presidente evitó referirse al tema Cuba. Sin embargo no fue hasta el 16 de junio de 2017, cuando por medio de un memorando presidencial anuncia la reversión del acercamiento iniciado por su predecesor y ordena redactar nuevas restricciones a los viajes individuales y el comercio. La noticia del “endurecimiento” de la política hacia Cuba estuvo acompañada de un circo mediático auspiciado por la mafia cubano-americana de la Florida.
Luego se sucedieron los controversiales ataques sónicos. Un intento, en vano, por demeritar la diplomacia cubana. Con el argumento de incidentes de salud reportados por funcionarios norteamericanos en La Habana, el Departamento de Estado anuncia la retirada del 60 por ciento del personal de su Embajada en nuestro territorio y suspende la emisión de visas desde aquí.
Los últimos meses del año 2017 se tornaron tensos. A la expulsión de 15 diplomáticos cubanos de la Embajada de la isla en Washington DC, se unieron nuevas medidas coercitivas unilaterales, entre las cuales se incluyó la elaboración de una lista de 180 entidades y subentidades cubanas con las que los estadounidenses no pueden realizar transacciones, y la ampliación de la misma el 26 de julio del presente año, coincidiendo con la celebración en nuestra Isla del Día de la Rebeldía Nacional.
La persecución a navieras con crudo para el normal desarrollo del país, marca tendencia en la escalada de agresiones. El punto culminante fue la reactivación del Título III de la Ley Helms Burton, en mayo de 2019, oficializando el establecimiento de demandas de ciudadanos norteamericanos a entidades cubanas de interés económico y social. Este último acápite, un tanto descabellado, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
En el centro de la diana han estado los agresivos pronunciamientos de funcionarios del Departamento de Estado y asesores del Presidente en contra de las misiones médicas cubanas. El objetivo no es otro que construir criterios negativos en torno a la solidaridad de Cuba en el mundo, a partir de acusaciones vinculadas a la esclavitud humana, el tráfico y la trata de personas.
Otra muestra de hostilidad son las denuncias del envío de tropas cubanas a Venezuela, y el repetido panfleto, poco creíble, en el que Cuba y la nación bolivariana constituyen amenazas al orden interior y la seguridad internacional.
El más reciente paquete de medidas, fechado en octubre de 2019, tiene el objetivo de restringir aun más las exportaciones y reexportaciones de bienes hacia Cuba. Vale la pena detenerse en una de ellas. La aplicación de la regla del 10 % consistente en denegar cualquier reexportación a territorio nacional de artículos extranjeros que contengan más de un 10 % de componentes estadounidenses. Durante la era Obama, Cuba fue retirada de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, lo que generó que se aumentara en un 25% los productos con componentes norteamericanos que se podían adquirir. A pesar de ya no encontrarse Cuba incluida oficialmente en dicha lista, se vuelve a aplicar a nuestro país una de las sanciones accesorias derivadas de la misma. Y caben las preguntas, ¿se experimenta un retroceso en las relaciones? ¿Se ha recrudecido la política norteamericana contra nuestro país? ¿Se podrán esperar nuevas sanciones económicas para la Isla?
Nuestro pueblo está claro que existe un enfriamiento de las relaciones entre ambos gobiernos. Y el próximo día 7, será una muestra del rechazo y la polarización que genera el bloqueo no sólo en la comunidad internacional, sino también dentro de la propia nación norteña. A pesar de no ser una resolución vinculante, “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba” representa la voluntad expresa de todos los Estados Miembros de la Asamblea General de la ONU de acabar con una política injusta y caduca.
escrito por Santiago Jerez Mustelier
foto tomada de Internet